Argentina está
asistiendo en estos días a una embestida judicial inocultablemente gatillada
por el Gobierno. Despertado de su letargo después de seis meses de sobrepasado
el escenario electoral, curiosamente ahora, el Juez Oyarbide, indisimulable
instrumento del kirchnerismo, dispone, en una causa por escuchas ilegales, el
juicio oral y público contra Mauricio Macri, titular del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, uno de los pocos francos opositores que podrían
obstaculizar, en alguna medida, el camino kirchnerista a las próximas
elecciones presidenciales del 2015.
También ayer, el juez Oyarbide, después de citarlo a indagatoria, hace detener a Sergio Schoklender, ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo y jefe de una asociación ilícita que a través de la empresa "Meldorek" habría desviado 260000 pesos de la suma mayor de 760000 proporcionado por el Ministerio de Planificación a cargo del ministro De Vido para la construcción de viviendas económicas. Más tarde quedaron detenidos su hermano Pablo, y Alejandro Gotkin, socio de ambos. No es nada improbable que se haya concretado tal desvío y desvirtuado el destino del dinero en beneficio de los inculpados. Lo inconcebible es que nadie más, ni la Presidente de Madres, la irascible Hebe de Bonafide, responsable fundamental de la asociación y, al menos, partícipe solidaria del ilícito, ni ningún integrante del Ministerio de Planificación que debía auditar el destino de los fondos están siquiera imputados.
Hace pocos días, en la causa Ciccone calcográfica, donde está involucrado, aunque aún no procesado, el vicepresidente Boudou por “negociaciones incompatibles” y ”lavado de dinero” la Cámara removió al juez de la causa Rafecas según había sido previsto por quienes seguimos con atención los hechos cotidianos de nuestra política. En una escalada de ataque defensivo, Boudou, escudado por la Presidenta, embistió contra el Procurador Esteban Righi, jefe de los fiscales, y lo presionó para renunciar, tras iniciarle una cusa por tráfico de influencias, mientras Cristina propuso inmediatamente en su reemplazo a uno de sus obedientes delfines, Daniel Reposo, quien, luego se constató, había fraguado datos de su curriculum para presentarse al cargo. Asimismo, desde este mismo blog, se previó que era inminente la remoción del fiscal Rívolo, motor de esa causa, y responsable del allanamiento de un departamento de Boudou sito en Puerto Madero, donde se hallaron pruebas que certificarían la relación entre el vicepresidente y un tal Vanderbroele, monotributista titular de Ciccone, acusado por su propia esposa de ser testaferro de Boudou. El nuevo juez de la causa Ciccone, Ariel Lijo, en el día de ayer cumplió con ese cometido, desplazando a Rívolo de la investigación y designando en su reemplazo al fiscal Jorge Di Lello, peronista declarado, con antecedentes de prisión en los setenta por actividades subversivas, y ferviente defensor del “modelo”. Di Lello es el fiscal de la causa Boudou contra Righi, y también el de una reciente causa contra Boudou sobre “enriquecimiento ilícito” elevado por dos particulares. En una jugada de salón, el juez Lijo unificó las causas Ciccone y la de enriquecimiento ilícito dejando a Di Lello como fiscal y desplazando elegantemente a Rívolo, con la satisfacción del kirchnerismo.
También ayer, el juez Oyarbide, después de citarlo a indagatoria, hace detener a Sergio Schoklender, ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo y jefe de una asociación ilícita que a través de la empresa "Meldorek" habría desviado 260000 pesos de la suma mayor de 760000 proporcionado por el Ministerio de Planificación a cargo del ministro De Vido para la construcción de viviendas económicas. Más tarde quedaron detenidos su hermano Pablo, y Alejandro Gotkin, socio de ambos. No es nada improbable que se haya concretado tal desvío y desvirtuado el destino del dinero en beneficio de los inculpados. Lo inconcebible es que nadie más, ni la Presidente de Madres, la irascible Hebe de Bonafide, responsable fundamental de la asociación y, al menos, partícipe solidaria del ilícito, ni ningún integrante del Ministerio de Planificación que debía auditar el destino de los fondos están siquiera imputados.
Hace pocos días, en la causa Ciccone calcográfica, donde está involucrado, aunque aún no procesado, el vicepresidente Boudou por “negociaciones incompatibles” y ”lavado de dinero” la Cámara removió al juez de la causa Rafecas según había sido previsto por quienes seguimos con atención los hechos cotidianos de nuestra política. En una escalada de ataque defensivo, Boudou, escudado por la Presidenta, embistió contra el Procurador Esteban Righi, jefe de los fiscales, y lo presionó para renunciar, tras iniciarle una cusa por tráfico de influencias, mientras Cristina propuso inmediatamente en su reemplazo a uno de sus obedientes delfines, Daniel Reposo, quien, luego se constató, había fraguado datos de su curriculum para presentarse al cargo. Asimismo, desde este mismo blog, se previó que era inminente la remoción del fiscal Rívolo, motor de esa causa, y responsable del allanamiento de un departamento de Boudou sito en Puerto Madero, donde se hallaron pruebas que certificarían la relación entre el vicepresidente y un tal Vanderbroele, monotributista titular de Ciccone, acusado por su propia esposa de ser testaferro de Boudou. El nuevo juez de la causa Ciccone, Ariel Lijo, en el día de ayer cumplió con ese cometido, desplazando a Rívolo de la investigación y designando en su reemplazo al fiscal Jorge Di Lello, peronista declarado, con antecedentes de prisión en los setenta por actividades subversivas, y ferviente defensor del “modelo”. Di Lello es el fiscal de la causa Boudou contra Righi, y también el de una reciente causa contra Boudou sobre “enriquecimiento ilícito” elevado por dos particulares. En una jugada de salón, el juez Lijo unificó las causas Ciccone y la de enriquecimiento ilícito dejando a Di Lello como fiscal y desplazando elegantemente a Rívolo, con la satisfacción del kirchnerismo.
Por otra parte, una vez más, y en pleno gobierno
democrático, se implanta en Argentina una medida que atenta directamente contra
las libertades individuales, y después de pocos días de haberse promulgado
leyes increíblemente liberales como las de género, que permiten que cualquier
individuo se declare según el sexo que desee, o la de divorcio que hacen que
baste la decisión de uno sólo de los cónyuges par efectivizar la demanda, o la
de muerte digna que legaliza la decisión del paciente para determinar el cese
de la asistencia artificial de la vida, a la manera de una mano de cal y otra
de arena, probablemente no casual: un ciudadano común, aunque demuestre
claramente el origen de sus ingresos, sin ninguna pauta que lo encuadre, está
absolutamente invalidado para la compra de tan siquiera un solo dólar estadounidense
o cualquier otra moneda extranjera. A la limitación caprichosa, tampoco
regulada, de los últimos meses, que limitaba la adquisición hasta un cierto
monto, generalmente insignificante, se agrega ahora una definitiva negativa a
la decisión de un ciudadano de hacerse de moneda extranjera para viajar,
comprar un inmueble o simplemente ahorrar en una moneda más confiable que la
suya.
La necesidad de caja del Gobierno, situación a la que ha llegado por su propia responsabilidad, no se ha limitado al control salvaje de las importaciones que ha frenado la economía y llevado aún a la recesión, sino que lo ha extendido a la suba de los impuestos en varias provincias incluyendo la de Buenos Aires. Allí ha desatado una guerra la gobernación de Scioli, que pretende que la Legislatura apruebe un proyecto de reforma impositiva y reevaluación de los campos, que incrementará hasta un 300% el impuesto inmobiliario y presionará a los propietarios al pago de bienes personales por montos elevadísimos que sólo podrán ser resistidos por los grandes pools de siembra, hundiendo a miles de pequeños propietarios y arrendatarios. La maniobra, claramente advertida por los ruralistas, no expresa sólo la necesidad de Scioli de hacerse de efectivo, sino la del Gobierno Nacional de abastecer sus arcas exhaustas, al decir que el “virrey Scioli recauda para la reina Cristina”.
La necesidad de caja del Gobierno, situación a la que ha llegado por su propia responsabilidad, no se ha limitado al control salvaje de las importaciones que ha frenado la economía y llevado aún a la recesión, sino que lo ha extendido a la suba de los impuestos en varias provincias incluyendo la de Buenos Aires. Allí ha desatado una guerra la gobernación de Scioli, que pretende que la Legislatura apruebe un proyecto de reforma impositiva y reevaluación de los campos, que incrementará hasta un 300% el impuesto inmobiliario y presionará a los propietarios al pago de bienes personales por montos elevadísimos que sólo podrán ser resistidos por los grandes pools de siembra, hundiendo a miles de pequeños propietarios y arrendatarios. La maniobra, claramente advertida por los ruralistas, no expresa sólo la necesidad de Scioli de hacerse de efectivo, sino la del Gobierno Nacional de abastecer sus arcas exhaustas, al decir que el “virrey Scioli recauda para la reina Cristina”.
Y como sobre llovido, mojado, los
ciudadanos de Buenos Aires y sus alrededores viven conmocionados por el paro de
los subtes por 36 horas en demanda de mejoras salariales, hecho que ha
transformado la ciudad en un caos de tránsito y las condiciones de los viajes
de los usuarios, generalmente malas y riesgosas, en pésimas por falta de medios
de transporte alternativos que satisfagan la demanda. El Gobierno Nacional, responsable
principal del pésimo sistema de transportes según lo prueban el calamitoso
estado de los trenes (recordar la reciente tragedia de Once) y los subtes, tira
los cargos contra el Gobierno de la Ciudad que no convence con sus argumentos
según una realidad que muestra a una Buenos Aires, otrora “Reina del Plata”, convertida en
una ciudad sucia, llena de mendigos, con calles y veredas descuidadas, insegura
y decadente.
Los ojos kirchneristas no ven más que
bonanza y logros revolucionarios a cada paso, gestas patrióticas y avances inéditos. Un dulce sueño que apenas es conmovido por los ataques de los enemigos
de las corporaciones que a través de la prensa cipaya, las influencias de Magneto,
y la acción desestabilizadora de los gorilas de siempre que no cesan en atentar
contra los logros del pueblo. Se justifica que haya control de cambios, que los
ciudadanos comunes no puedan comprar ni un dólar, que los que trabajan el campo
paguen los impuestos más altos que nadie, que los procuradores, los jueces y los
fiscales que no piensan como nosotros dejen el lugar a quienes tienen más
sensibilidad y consideración por los gobiernos nacionales y populares. A veces,
durante los procesos revolucionarios, se justifican algunas licencias en pos
del bien común. Como decía el General: “Para los amigos todo. A los enemigos…ni
justicia”. Y nosotros, mal que les pese, somos soldados de Perón, y hemos asimilado sus enseñanzas.
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