Mafia

La bochornosa causa por corrupción del vicepresidente Boudou, que en un país más o menos normal debiera concluir prestamente con su renuncia, se está convirtiendo en uno más de los ovillos que suele preparar el gobierno de la presidenta Kirchner con el único objeto de mostrar incólume su poder, siempre amenazado según la óptica oficial, por oscuros intereses de corporaciones mediáticas a las que se agregan recientemente otras judiciales, en una especie de cruzada donde un gobierno puro, inocente y bondadoso, único en la Historia por su acción liberadora y justiciera, es atacado día y noche por las fuerzas del mal que poseen enormes influencias e intereses irrenunciables. La causa aludida, conducida por el fiscal Rímolo y el juez Rafecas ha avanzado lo suficiente como para allanar un departamento de Puerto Madero, de propiedad de Boudou, donde se halló documentación que probaría la vinculación del vicepresidente con el beneficiario de la ex Ciccone Calcográfica, ayudada por la AFIP y en forma inédita por el ministro de Economía de entonces (Amado Boudou) para el levantamiento de una quiebra y el otorgamiento de la empresa al monotributista Vanderbroele acusado en los medios por su esposa de ser testaferro de Boudou. El allanamiento fue tomado por sorpresa incluso por el mismísimo vicepresidente que no pudo poner en juego su maquinaria de influencias para frenarla, y entonces la ira de la Presidenta, indignada por el riesgo que su fusible ladero estuviera cayendo por el tobogán de una fuerza judicial irrefrenable, hizo renunciar al prestigioso abogado e ícono del peronismo histórico, el Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, jefe de los fiscales, por no haber impedido la maniobra. De nada valieron los antecedentes históricos ni las eficientes defensas que el estudio de Righi hizo del finado Kirchner en persona o del inefable Guillermo Moreno. Y no sólo se lo obligó a renunciar sino que el vicepresidente, con la venia de la Presidenta claro, no tuvo ningún empacho en ensuciar la figura de Righi y de sus familiares, integrantes del estudio que llevan adelante desde hace años, acusándolos de ejercer tráfico de influencias. Inmediatamente, la Presidenta ubicó como candidato a reemplazarlo al titular de la SIGEN, hombre del riñón de Boudou, obediente soldado del kirchnerismo pero sin antecedentes académicos ni de gestión en el alto e independiente puesto que supone la titularidad de la Procuración General de la Nación. Pero como si eso no bastara, y decididos a terminar de una vez con la “corporaciones mediática y judicial”, se encuentra en marcha a la manera de un desembarco de la infantería, un pedido oficialista de destitución del fiscal Rímolo y del Juez Rafecas, ambos prestigiosos profesionales del Derecho de indiscutibles méritos, mientras la flota de la Armada (el periodismo servil) bombardea día y noche a quienes pretenden practicar el ejercicio de la justicia, sólo que, gran pecado, contra el poder, que todo lo tiene y todo lo quiere.

    Los ciudadanos comunes miramos azorados cómo se entorpece descarada e irresponsablemente la dinámica de las instituciones, y constatamos una vez más que  la mafia existe en la Argentina y está enquistada en los más altos puestos de la conducción política.