La bochornosa causa por
corrupción del vicepresidente Boudou, que en un país más o menos normal debiera
concluir prestamente con su renuncia, se está convirtiendo en uno más de los
ovillos que suele preparar el gobierno de la presidenta Kirchner con el único
objeto de mostrar incólume su poder, siempre amenazado según la óptica oficial,
por oscuros intereses de corporaciones mediáticas a las que se agregan recientemente
otras judiciales, en una especie de cruzada donde un gobierno puro, inocente y
bondadoso, único en la Historia por su acción liberadora y justiciera, es
atacado día y noche por las fuerzas del mal que poseen enormes influencias e
intereses irrenunciables. La causa aludida, conducida por el fiscal Rímolo y el
juez Rafecas ha avanzado lo suficiente como para allanar un departamento de
Puerto Madero, de propiedad de Boudou, donde se halló documentación que
probaría la vinculación del vicepresidente con el beneficiario de la ex Ciccone
Calcográfica, ayudada por la AFIP y en forma inédita por el ministro de Economía
de entonces (Amado Boudou) para el levantamiento de una quiebra y el
otorgamiento de la empresa al monotributista Vanderbroele acusado en los medios
por su esposa de ser testaferro de Boudou. El allanamiento fue tomado por
sorpresa incluso por el mismísimo vicepresidente que no pudo poner en juego su
maquinaria de influencias para frenarla, y entonces la ira de la Presidenta,
indignada por el riesgo que su fusible ladero estuviera cayendo por el tobogán
de una fuerza judicial irrefrenable, hizo renunciar al prestigioso abogado e
ícono del peronismo histórico, el Procurador General de la Nación, Dr. Esteban
Righi, jefe de los fiscales, por no haber impedido la maniobra. De nada
valieron los antecedentes históricos ni las eficientes defensas que el estudio
de Righi hizo del finado Kirchner en persona o del inefable Guillermo Moreno. Y
no sólo se lo obligó a renunciar sino que el vicepresidente, con la venia de la
Presidenta claro, no tuvo ningún empacho en ensuciar la figura de Righi y de
sus familiares, integrantes del estudio que llevan adelante desde hace años,
acusándolos de ejercer tráfico de influencias. Inmediatamente, la Presidenta
ubicó como candidato a reemplazarlo al titular de la SIGEN, hombre del riñón de
Boudou, obediente soldado del kirchnerismo pero sin antecedentes académicos ni
de gestión en el alto e independiente puesto que supone la titularidad de la Procuración
General de la Nación. Pero como si eso no bastara, y decididos a terminar de
una vez con la “corporaciones mediática y judicial”, se encuentra en marcha a
la manera de un desembarco de la infantería, un pedido oficialista de
destitución del fiscal Rímolo y del Juez Rafecas, ambos prestigiosos
profesionales del Derecho de indiscutibles méritos, mientras la flota de la
Armada (el periodismo servil) bombardea día y noche a quienes pretenden practicar
el ejercicio de la justicia, sólo que, gran pecado, contra el poder, que todo
lo tiene y todo lo quiere.
Los ciudadanos comunes miramos azorados
cómo se entorpece descarada e irresponsablemente la dinámica de las
instituciones, y constatamos una vez más que la mafia existe en la Argentina y está
enquistada en los más altos puestos de la conducción política.
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