Podría pensarse que
quien conduce el gobierno se encuentra cursando la fase maníaca de una
enfermedad psiquiátrica. Es difícil entender lo contrario a la luz del volumen
de proyectos de ley y la velocidad maratónica que el ejecutivo incitó para
aprobarlas como primer acto de una reelección que se las trae y después de un
largo año en que la apatía reinaba en el Congreso mientras el gobierno y el
conjunto de la oposición se concentraban en las elecciones presidenciales.
Asimismo, en estos días se observa una verdadera avalancha de procedimientos
judiciales y de la AFIP tendientes, coincidentemente, a golpear a enemigos del
gobierno. Si uno observa con mayor detenimiento, puede constatar que las leyes
que pretendía y logró aprobar el gobierno, primero por diputados y luego por
senadores, sin quitar una sola coma de los originales, y en sesiones donde la
oposición ofrecía un cuadro lastimoso de minoría que sólo cumplía con la
formalidad de la protesta sin ser mínimamente escuchada y luego se procedía a
votar con toda prepotencia ofreciendo más y más frutos a la corona sedienta,
obedecían a iguales propósitos, fundamentalmente la hegemonía del gobierno sobre las áreas de
información y la embestida contra el poder sindical. La ley del papel prensa
que se aprueba en el día de la fecha y que deja en manos del estado la
propiedad de su producción y distribución y anula la posibilidad de libre
importación es una flagrante movida del Estado para apropiarse de la materia
prima de los diarios independientes que a lo largo de todo el país ya han hecho
oír sus reclamos llenos de indignación. La ley del estatuto rural tiende
conceptualmente a destruir la UATRE, vaciar su caja e favor de la
administración del gobierno, y a descabezar a un adversario sindical, el Momo Venegas,
enfrentado claramente con el ejecutivo. La ley antiterrorista no persigue, como
engañosamente se presenta, luchar frontalmente contra este flagelo de la
humanidad que pone en riesgo la seguridad de millones de personas en el mundo
contra la irracionalidad asesina de los grupos radicalizados del mundo, sino que, simplemente pretende frenar
las críticas de los observadores de la realidad argentina que puedan poner en
riesgo la ejecución de algún programa de gobierno; así transmitir a la
población que el dólar paralelo aumenta porque la gente tiende a comprarlo
masivamente cuando se restringe la operación bancaria normal puede hacer actuar
la ley contra el transmisor que pasa a ser acusado de promotor de una corrida
bancaria, o terrorista económico (¡!). Esta actividad febril de los
legisladores oficialistas, que no se caracterizan precisamente por ser trabajadores
febriles, se enmarca en una realidad cotidiana de embestidas judiciales de
jueces subrogantes de otras provincias (como Mendoza, por ejemplo) que con el
auxilio de gendarmería y un despliegue sobresaliente de medios ocupó la sede de
Cablevisión, del grupo Clarín, superenemigo actual del gobierno, la más
poderosa empresa proveedora de cable del país, en una maniobra donde se ve la
mano del gobierno a través del grupo Vila-Manzano, competidora de Cablevisión
en el interior del país y conectada con operadores que tienen oficina propia en
la Casa Rosada. Y demandas millonarias de la AFIP al diario La Nación (otro
enemigo del gobierno) por presuntas deudas impositivas justamente en estos días
de navidad donde parece que no sólo explotan los cohetes festivos en los
barrios sino los misiles destructores lanzados desde Balcarce 50.
El objetivo supremo es gobernar brutalmente,
en presunto beneficio de una libertad y una democracia que se declaman pero se desprecian
en la práctica y ponen en descubierto tics de gobiernos despóticos y
dictatoriales que desprecian la discusión y el derecho de los demás en
beneficio de oscuros intereses que benefician a unos pocos. Todo con un coro de
periodistas y medios a sueldo, y de famosos tontos que contribuyen al juego
repitiendo como loros los argumentos de un gobierno que avergüenza. Hoy un
político peronista de la oposición, Eduardo Amadeo, se preguntaba en los medios
por qué el esfuerzo de este gobierno en someter a la prensa y qué es lo que
pretende ocultar. Y quizás las confesiones de Sergio Schoklender hasta hace
poco aliado del gobierno, hijo putativo de Hebe de Bonafini, defensora
incondicional de los Kirchner, ponga luz en este campo después de sus
declaraciones a Martín Caparrós en su blog. Schoklender dice directamente que
una cosa son los discursos, pero otra la verdadera política que se cocina
adentro. De ahí surge que todo se paga desde el gobierno, desde los movimientos
sociales con D’Elia y Pérsico a la cabeza para que no molesten hasta los medios
a los que si se rebelan se los amenaza con quitas de la pauta publicitaria o
quiebra de sus empresas. Que todo tiene una caja y que los ministros hacen malabares
con los fondos según sus necesidades y su influencia en el gabinete,
independientemente de lo que marque el presupuesto. Que es simplemente con
dinero que se debe pagar a los miembros de cada planta del gobierno que cobran
en negro mucho más que lo que fija la ley, el financiamiento de la política que
incluye las movilizaciones, el periodismo adepto y la carteleria, y los
funcionarios que no sólo aseguran personalmente su futuro sino el de sus
parientes. Que Néstor negociaba con todo el mundo y tenía siempre una puerta
trasera en cada ministerio para conseguir cualquier cosa pero con Cristina, en
cambio, las cosas se hicieron más duras y que Abal Medina ocupó aquel puesto
con menos soltura, que las licitaciones están todas arregladas y el nivel de
sobreprecios que se pagan para la obra pública es exorbitante, que Bonafini es
insoportable y de una humilde luchadora mutó a una figura pública apañada por
los Kirchner de los que se convirtió en uno de sus portavoces, que la
dirigencia política y los grandes grupos económicos no son antagónicos sino que
se complementan, que hay jueces a quienes les caen siempre las causas más resonantes
que afectan intereses del gobierno y actúan en su beneficio, y que las cosas
ahí arriba están tan podridas que de todos el único rescatable es Moreno, el
secretario de Comercio, que a pesar de sus modos desagradables y de ser un
cuadro de la derecha del peronismo es incorruptible, nunca se ha llevado un
peso que no le correspondiera y es usado por la Presidenta como fusible para
llevar sobre sus espaldas la tarea más sucia.
Por supuesto que aquí hay un tema de
credibilidad, según lo subrayan los representantes del gobierno en todos los
medios y en cada discurso. Ellos aseguran que Schoklender no es confiable, que
miente, y que es un ser despreciable, cuando nadie objetó su asociación con
Madres durante dieciséis años. Pero si se trata de un tema de confiabilidad
¿debo creerle a Bonafini?, ¿a Randazzo?, ¿a Aníbal Fernández?, ¿a Rossi?, a
Pichetto?, ¿a Boudou?, ¿a Garré? ¿O puedo oír la voz de un desplazado,
independientemente del grado de simpatía que me produzca, de un arrancado del
núcleo del poder de un gobierno lleno de fisuras, y tratar de relacionar sus
juicios con los hechos de observación diaria, y el conocimiento de la vida que
mis sesenta y un años de vida en Argentina me ha dado?
La ofensiva del gobierno parece imparable,
pero en su afán de hegemonía, por impunidad, está cometiendo errores de estrategia política
que comprometen el horizonte de todos los argentinos e hipotecan la estabilidad
del mismo gobierno. Sus prácticas son violentas y burdas, y quienes se
convierten en víctimas de ellas sabrán imponer gradualmente su resistencia.
Mientras tanto, que la política siga por sus senderos oscuros y tenebrosos, mientras
los discursos grandilocuentes se propagan diariamente para la gilada.